Va de nuevo: El ANMAC como enemigo de los legítimos usuarios Por Gustavo Rubio

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Va de nuevo: El ANMAC como enemigo de los legítimos usuarios
Por Gustavo S. Rubio
Como país estamos en tiempos de cambios, depuraciones y de poner blanco sobre negro. Décadas de populismo, boluprogesismo y socialismo amarillo han dejado un mastodonte anquilosado en el Estado y en la mente de una sociedad que todavía tiene que hacer el ejercicio de recordar y poner en orden jerárquicos sus valores, en especial, los constitucionales. Como quisieron nuestros próceres de la independencia, poner el centro a las personas y bien lejos, chiquito y con poco poder de maniobra, al Estado. Esto pasa todos los ámbitos de la vida argentina y en el mundo de los Legítimos Usuarios es más evidente aún: el Estado está al servicio de los individuos y , si no lo está, es una herramienta de opresión por más posible justificación que exija la realidad.
Con las idas y venidas de las resoluciones 149/2024 (inconstitucional cuanto menos) y 154/2024 (vergonzosa) se dejó entrever que todavía hay un montón de autopercibidos campeones de los LLUU que no entendieron que la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada para desarmar a la TODA LA SOCIEDAD. Prefieren una foto palmeándose con el director de turno y felicitándolo por las migajas con tal de seguir recibiendo likes endogámicos en las redes en vez de enfrentar al poder desarmista. Básicamente se quieren hacer amigos de juez para tener como rascarse en el palenque. Ese narcisismo de muchos "referentes" del Tiro nos sigue jugando en contra porque se avalan los intentos y resoluciones que a la larga van modificando el uso del palenque...
Allá por 2016 tuve que escribir un texto para reflejar como el RENAR se había transformado en una máquina desarmista (texto que se volvió a publicar mas adelante) y que ahora repito en parte para recordar a los desmemoriados y a quienes están ajenos al tema.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito actual del Ministerio de Seguridad (surgió en el Ministerio de Justica y DDHH). Sigue con su autarquía económica financiera (se bancaría solo, para ponerlo en bruto, y con todo lo peligroso que esto generaría en manos de algunos que buscan hacer caja con la burocracia y que contradice a las filosofía de La Libertad Avanza), tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Digamos que sinceraron el funcionamiento de lo que venía haciendo el RENAR y sirvió en ese entonces para, en el revoleo del cambio de gobierno (salían los k y entraba Cambiemos) y lluvia de investigaciones, embarrar la cancha en algunas cosas turbias. Todos sabemos que en la mudanza siempre se pierden cosas y no es de extrañarse que en el caso de la Agencia de Materiales controlados, durante el cambio de collar del perro, las pulgas y garrapatas hayan podido zafar.
A este ente, que continúa con su misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 (con sus puntos bastantes cuestionables y anticuados), se le suman "la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó". O sea que deja de ser el registro bien aceitado que alguna vez fue copiado por Canadá y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados "progresistas" (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del Estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas honestas..
Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un Estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, que son las de "registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos". Hasta acá, sin ponerse a hilar finito y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República, todo más o menos pasable a primera vista y hasta puede ser comprensible, pero dudosamente justificable para quienes abogan por una sociedad madura y libre. Un punto que no puede seguir estando cuando se busca achicar el Estado y contradice el esfuerzo de Sturzenegger.
Ahora bien, a lo anterior se le sumó una serie de atribuciones que ampliaron el mero ámbito registral y técnico. Es así que la ANMAC puede "Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes."
Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera del ANMAC. Es más, hasta juega en contra. Enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica. Este listado hace que la credencial digital deje de ser solo una migaja para decir que se está haciendo algo y pueda ser usada contra los LLUU llegado el momento.
Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para:
1) Subir el precio de las armas y municiones
2) Reducir el número y tipo de armas para la venta
3) Disminuir la promoción/marketing
4) Reducir el número de puntos de ventas
5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales)
6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad)
7)Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)
8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego.
9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos
10)Restringir/detener la oferta de municiones.
Ese resumen, ese decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el manual de cabecera de la Red Argentina para el Desarme, para combatir TODA tenencia de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que la RAD asesora al ANMAC y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015 votados a dos manos por los K, la UCR, la Coalición Civica ARI, la Izquierda, el PRO más los otros partidos chicos.
Sobran los ejemplos de la puesta en práctica de dichos conceptos. Con la licitación ganada por Dienst Cunsulting SA bajo dirección PRO, vemos que el punto número cinco del decálogo desarmista se había aplicado. Los otros puntos ya se venían dando aplicando desde hacía tiempo con los K. Por ejemplo: El número de armas y tipo está limitado (formularios y costos para distintas categorías según cantidad de armas, calibres prohibidos etc), las armerías no pueden exhibir armas en sus vidrieras, casi no se entregan portaciones, la variedad de municiones el limitada (con los peligros que llevan las puntas no deformantes para uso policial), las medidas de seguridad exigidas a los grandes usuarios sobrepasan incluso las medidas de seguridad exigidas a dependencias del estado (fiscalías, arsenales de gendarmería, etc)... un etcétera grande como el curro que esto puede generar. Las resoluciones 149 y 154 puestas por Allan, otra vez un director PRO, muestra que la ANMAC está en contra de los LLUU.
Cabe preguntarse entonces para quienes funciona el ANMAC ¿Quiénes asesoran al ente? ¿Son los mismos que asesoraron a Chavez en el 2006? Es el momento de replantearse cuál es el sentido que tiene el ANMAC y cuál debería ser su deber más en un gobierno de corte libertario. ¿Es un registro solamente? ¿Quiere combatir a las armas ilegales o está combatiendo a los legítimos usuarios? ¿Por qué? ¿puede un militante PRO, desarmista en esencia porque su partido es desarmista, estar a cargo de un ente con todo ese poder?
Sólo algunas preguntas que a la luz del desbarranco que tuvo la gestión de Juan pablo Allan, hace pensar que el ANMAC, así como está funcionando, atenta contra los usuarios legales de armas y contradice el discurso de Milei y los esfuerzos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Estamos en una nueva etapa en donde los errores deben subsanarse, donde las políticas malintencionadas deben dejarse de lado y sobre todo y frente a la evidencia de lo que pasa en Venezuela o México, saber que el desarme civil mata.
Por un lado espero sinceramente que los autodenominados referentes de los LLUU recuerden a quienes le chupan las medias y por otro lado, espero que el gobierno de Milei haga historia cambiando y replanteando lógicamente el tema de las armas legales en el país y, sobre todo, que la ANMAC deje de ser el enemigo de las personas que están dentro de la ley y deje de ser usado como punta de lanza de la agenda 2030, el Grupo Puebla y los sobrevivientes del Foro de San Pablo.

https://decilofuertedotcom.wordpress.com/2024/11/19/va-de-nuevo-la-anmac-es-enemiga-de-los-legitimos-usuarios/?fbclid=IwY2xjawGpmX9leHRuA2FlbQIxMQABHeMetExHrNanr3ELWty2M6lLKl1SMKOVMX5en5KXi0Is1Ysi34wmzZ6mMA_aem_9AWU4axNvF4BP4G1Bp5Bwg

Saludos

Mario

[Armandvs]

resumido con chatgpt

El texto critica el funcionamiento y propósito actual de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), planteando que se ha desviado de su rol inicial como registro de armas hacia un instrumento de control social y desarme civil. Resume los puntos principales:

Cambio de propósito del ANMAC: Creado en 2015 como reemplazo del RENAR, el ANMAC añadió funciones que trascienden su propósito original, enfocándose en campañas de desarme, control social y políticas que estigmatizan a los legítimos usuarios (LLUU).

Políticas restrictivas:

Incremento en costos y trámites para usuarios.
Restricciones en la cantidad y tipos de armas.
Obstáculos para la portación y uso.
Regulaciones que afectan la comercialización y tenencia.
Influencia ideológica: Se señala que la ANMAC adopta políticas inspiradas por agendas internacionales y grupos desarmistas como la Red Argentina para el Desarme (RAD), en perjuicio de los LLUU.

Críticas a las gestiones previas: Las gestiones del PRO y otras fuerzas políticas han reforzado medidas desarmistas. Ejemplos incluyen restricciones al marketing de armas, limitación de portaciones y exigencias desproporcionadas a armerías y usuarios.

Relación con la agenda internacional: El texto cuestiona la alineación del ANMAC con tendencias globales de desarme que podrían consolidar políticas contrarias a la seguridad y libertad de los ciudadanos.

Llamado a una reforma: Se pide al gobierno de Javier Milei una revisión profunda del ANMAC para que se limite a su función registral, eliminando atribuciones que restringen derechos individuales y combaten a los usuarios legales de armas.

Advertencias sobre consecuencias del desarme: Se mencionan casos internacionales (Venezuela y México) donde el desarme civil ha generado mayor inseguridad y violencia, advirtiendo sobre riesgos similares en Argentina.

El texto concluye exigiendo coherencia entre las políticas del ANMAC y un gobierno que promueva libertades individuales, además de cuestionar la legitimidad de actuales referentes de los LLUU.