Cámara Fed impulsa la investigación del crimen Larrabure

[gps]

Una valiente resolución de la Cámara Federal de Rosario impulsa la investigación del aberrante crimen del militar

Martes 28 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa. La Nación


La lenta y trabajosa investigación judicial relacionada con el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure podrá ahora seguir su curso, como corresponde y pese a la oposición inexplicable de los fiscales ahora actuantes.

Así lo decidió expresamente la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que aprovechó la ocasión para exteriorizar públicamente su muy comprensible preocupación por "las sucesivas y constantes articulaciones de revocatoria o nulidad de los fiscales intervinientes [que] no se compadecen plenamente con la defensa de la legalidad ni los derechos de las partes". El comentario es realmente gravísimo porque la actitud del Ministerio Público, en lugar de entorpecer la investigación como hasta ahora, debería apuntar a desentrañar toda la verdad respecto de un crimen tan aberrante como cobarde.

El coronel Larrabure, recordemos, fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba. Luego de un terrible calvario de más de un año de duración, en el que fue inhumanamente sumergido y vejado en una "cárcel del pueblo", fue finalmente asesinado por sus captores, que pertenecían al ERP. Murió como un verdadero soldado, en actitud que puede bien calificarse de heroica.

La decisión judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario marca un hito en la investigación y castigo de los crímenes de guerra, esto es, de los delitos de lesa humanidad cometidos en tiempos de conflictos armados internos, como el que afectó a la Argentina en la década del 70.

El fallo es trascendente porque ordena impulsar la investigación, pese a que el procurador general de la Nación, doctor Righi, había ordenado a los fiscales oponerse a ella por considerar que el delito, por ser "común", estaba prescripto.

Sin decirlo expresamente, al ordenar la continuación de la causa, la Cámara pareciera no creer que el secuestro y asesinato de Larrabure sea necesariamente un crimen común u ordinario. De haber sido así, la Cámara se hubiera plegado mansamente a la opinión de los fiscales que promovieron la nulidad, a la que no hizo lugar.

Se abre ahora la posibilidad cierta de que se tenga al atroz crimen en cuestión por delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible, por lo que comenzaría así un proceso que puede conducir a cerrar un verdadero e inadmisible rincón de impunidad del que gozan los terroristas de los 70, que debería avergonzarnos a todos por igual.

La instrucción de Righi se edifica, claro está, en la falacia de que los crímenes de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por el Estado o por sus agentes, la que ha sido denunciada en nuestro propio medio, en varias oportunidades, por el mismo fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Los diversos tribunales penales internacionales han establecido ya, más allá de toda duda, que todas las partes en los conflictos armados internos pueden cometer delitos de lesa humanidad. Todas, por igual. También lo ha sostenido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, la Procuración General de la Nación sigue aferrada a algo que no tiene respaldo en la comunidad internacional. Esa posición constituye, además, una violación a la obligación argentina de abrir e impulsar todas las investigaciones y procesos en materia de delitos de lesa humanidad, deber que ha sido reconocido por la misma Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, la Cámara Federal de Rosario no hizo lugar al intento de los fiscales, quienes seguían las instrucciones del procurador, de anular el dictamen inicial del valiente fiscal Palacín, que en su momento consideró procedente la apertura de la investigación respecto de los crímenes de guerra de los que fue claramente víctima inocente Larrabure.

El derecho a la verdad no es ciertamente un atributo reservado para unos pocos privilegiados, sino un derecho que debe extenderse y beneficiar a todos los argentinos por igual. La resolución judicial comentada abre el camino para que la lamentable situación actual, en la que inexplicablemente muchos de esos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no se investigan, se corrijan de una vez haciéndose justicia.