¿Una buena? El Estado, responsable del caso Marcenac

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¿Una buena? El Estado, responsable del caso Marcenac.
Por Gustavo Rubio

La mayoría de las leyes en Argentina están para quitarle responsabilidad al Estado a la vez de subyugar al ciudadano a la arbitrariedad del poder de turno. Por casi 20 años se quiso ocultar la responsabilidad de los funcionarios en el caso Marcenac atacando a los Legitimos Usuarios. 

El reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó la condena contra el Estado por su deficiente control en la entrega de permisos de armas a Martín Ríos, confirma una realidad que los legítimos usuarios (LLUU) han señalado por años: el problema no es la tenencia legal de armas, sino la falta de una gestión eficiente y responsable por parte del Estado en la administración de los permisos sumados a una carga ideológica anticonstitucional importante.
El 6 de julio de 2006, Alfredo Marcenac, un joven de 18 años, fue asesinado mientras caminaba por la avenida Cabildo en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. El autor del crimen, Martín Ríos, disparó contra la multitud, hiriendo a otras seis personas. Ríos, conocido como el "tirador de Belgrano", fue detenido una semana después y se descubrió que había cometido otros tres ataques similares en la misma zona durante el año anterior, incluyendo disparos contra un colectivo, una confitería y un tren en movimiento. La investigación reveló que a Ríos se le había otorgado una credencial de legitimo usuario a pesar de que padecía esquizofrenia, enfermedad mental que llevó a la Justicia a declararlo inimputable, argumentando que no comprendía la criminalidad de sus actos. Esta decisión generó un profundo rechazo por parte de la familia de Marcenac, quienes consideraron que la absolución por inimputabilidad era una injusticia. La familia mantuvo una lucha constante en los medios y en los pasillos del Congreso, criticando duramente la tenencia legal de armas, de refilón al sistema judicial y en nada al Estado salvo cuando se pretendía dar libertad a los Legítimos Usuarios. Además, la familia Marcenac se unió a la Red Argentina por el Desarme, promoviendo cambios de corte desarmistas (chavistas para ser más precisos) en la legislación sobre armas de fuego y trabajando "para crear una sociedad más segura" cazando a quienes están dentro de la Ley, como por ejemplo la Cátedra Abierta en Educación para la Paz "Alfredo Marcenac", junto con la Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz y el Abordaje de la Conflictividad Social, depende de la Facultad de Ciencias Sociales y se desarrolla en la subsede Quequén de la UNICEN...

De lo que jamás se habló oficialmente (se hizo silencio durante poco menos de dos décadas) es que a Ríos le habían rechazado los exámenes psicofísicos en DOS ocasiones antes de obtener esa CLU y el fallo judicial busca poner la responsabilidad en donde se la intentó sacar durante 18 años: el Estado.

En lugar de utilizar este caso como un argumento para mostrar la peligrosidad de las armas legales en la sociedad  —como algunos sectores turbios intentarán hacer en breve—, la sentencia debería servir como un llamado a mejorar los procesos por parte del Estado, sin perjudicar a quienes cumplen con la ley. Este fallo expone que el problema no radica en la existencia de un marco legal que permite la tenencia de armas, sino en la ineficacia del Estado para aplicarlo correctamente.

Debemos aclarar que el Estado falló en su autoproclamado y omnipoderoso rol de control, no en la regulación de la tenencia de armas. Ya existe una ley, obsoleta, pero ley en fin. Falló en aplicarla.

La condena no se da contra la existencia del derecho a la tenencia de armas, sino contra la incompetencia del entonces Registro Nacional de Armas para hacer cumplir sus propias normativas. Esto demuestra que el problema no es la legislación vigente, sino su implementación deficiente. En países con sistemas eficientes de permisos de armas, como Suiza o República Checa, los requisitos son bien administrados, lo que permite garantizar que solo personas aptas tengan acceso a armas de fuego sin afectar sus derechos ni a terceros. Argentina debería tomar estos modelos como referencia en lugar de usar fallos como este para impulsar políticas de desarme generalizado.
El Desarme Civil no es la solución: se debe mejorar la Evaluación Psicológica y Antecedentes. El caso de Ríos demuestra que la clave está en garantizar que los funcionarios sean evaluados y controlados exhaustivamente y con seriedad. Sin embargo, los desarmistas van a utilizar este caso para justificar restricciones injustificadas a los legítimos usuarios, en lugar de exigir mejoras en los controles de quienes están a cargo en las agencias del Estado que tienen en sus manos los derechos de los ciudadanos. En Japón, donde la posesión de armas es altamente restringida, se ha demostrado que quienes buscan cometer actos violentos encuentran otras maneras de hacerlo, como los ataques con cuchillos o sustancias tóxicas. La prohibición o el desarme civil no impiden la violencia, solo cambian el método utilizado por los delincuentes.
Un riesgo importante de este fallo es que ciertos sectores aprovechen la sentencia para reforzar la narrativa de que la tenencia legal de armas es peligrosa. Sin embargo, si el Estado hubiera hecho su trabajo correctamente, este crimen se habría evitado sin necesidad de afectar los derechos de los LLUU responsables. Un caso similar ocurrió en Brasil, donde el Estatuto del Desarme de 2003 promovió restricciones severas contra la posesión legal de armas. Sin embargo, 20 años después, la criminalidad aumentó en muchas zonas, mientras que los delincuentes siguieron accediendo a armamento ilegal sin problemas. Argentina corre el riesgo de seguir descendiendo por ese mismo camino si se permite que decisiones judiciales como esta sean utilizadas para justificar más restricciones arbitrarias.

El caso demuestra la necesidad de una reforma en la ANMAC con un LU a cargo. La sentencia confirma que el Estado no puede seguir administrando la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) con personas que desconocen la realidad del uso responsable de armas de fuego y están adoctrinadas en la idea del "Estado Presente", del "Estado paternalista", del funcionario que sabe más que el ciudadano. Si la ANMAC estuviera dirigida por un legítimo usuario con experiencia en la materia, se priorizarían mejoras en los controles sin caer en prohibiciones arbitrarias que terminan afectando a ciudadanos honestos. Durante el último año, se han propuesto al menos 18 reformas a regulaciones, decretos y disposiciones en busca de mejorar el acceso legítimo y responsable a las armas. Sin embargo, la falta de voluntad política por las autoridades del área y la influencia de sectores desarmistas dentro del Estado y de partidos aliados al Gobierno han obstaculizado estos avances. Es imprescindible que, en las elecciones legislativas de este año, se elijan representantes que defiendan el derecho a la legítima defensa y la tenencia legal de armas con fines lícitos.
La condena al Estado en el caso de Martín Ríos no es un argumento para el desarme civil, sino una prueba de que el problema real es la falta de políticas serias y liberales, con requisitos eficientes y no la tenencia legal de armas en sí misma. En lugar de restringir aún más el acceso a armas para los ciudadanos responsables, se debería aprovechar esta situación para mejorar la ANMAC (o pasarle motosierra), reevaluar políticas y garantizar que quienes acceden a un arma lo hagan de manera legítima y bajo normas claras.
El uso político de casos como este para impulsar medidas de desarme es una estrategia predecible pero errónea. La historia demuestra que el desarme solo deja indefensos a los ciudadanos honestos mientras que los delincuentes siguen armados. Pasa en la Provincia de Buenos Aires hoy. La verdadera solución es un sistema de permisos serio, eficaz y bien administrado, no más restricciones que solo perjudican a quienes cumplen con la ley y no son problema para nadie, salvo para aquellos que están fuera de la ley.


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Saludos

Mario