¿Otra de pato criollo? Por Gustavo Rubio

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¿Otra de pato criollo?
por Gustavo Rubio

El reciente decreto que habilita la reutilización de armas decomisadas al crimen organizado por parte de las fuerzas de seguridad federales modificando el articulo 5 y 7 de la ley 25938 marca un cambio significativo en la política de administración de material controlado en la Argentina. Desde el gobierno, precisamente desde el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia, se justifica la medida en términos de eficiencia económica y fortalecimiento de la capacidad operativa policial, este cambio normativo plantea una serie de riesgos operativos, jurídicos y éticos que deben analizarse en profundidad:

Riesgo de Falta de Control y Trazabilidad del Armamento

Estamos en Argentina, en donde se robaron armas del garage del exRENAR o la ANMAC no devuelve material decomisado requerido por orden judicial por cuestiones ideológicas, asi que una de las principales preocupaciones con esta medida es el riesgo de que las armas incautadas al crimen organizado terminen nuevamente en el mercado negro. Nos cansamos de leer que las armas reglamentarias se pierden o en otros casos son alquiladas a delincuentes, faltaron misiles y municiones de arsenales y con ese contexto lanzan esta especie de amenaza velada a los criminales: nos vamos aquedar con sus cosas. Argentina ya ha enfrentado escándalos de tráfico de armas provenientes de las fuerzas de seguridad, como el caso de la Gendarmería en los años 2000, donde se detectó la venta ilegal de armamento en Paraguay y Brasil. Si bien el decreto menciona que se establecerán sistemas de trazabilidad, la realidad es que estos controles han demostrado ser ineficaces en numerosas ocasiones. A nivel internacional, se han visto casos similares con consecuencias graves. En México, armas incautadas a los carteles han reaparecido en manos de criminales debido a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Un caso paradigmático fue el escándalo de "Rápido y Furioso", donde armas entregadas a las fuerzas de seguridad terminaron en manos de grupos criminales. La falta de un sistema confiable de trazabilidad podría hacer que la medida en Argentina termine siendo un riesgo en lugar de una solución.
Problemas Jurídicos y Constitucionales

El decreto modifica la Ley 25.938, que establecía la destrucción de las armas decomisadas, lo que podría generar cuestionamientos constitucionales. La normativa previa tenía un fundamento claro: evitar que armas utilizadas en delitos volvieran a circular en la sociedad. Con la nueva disposición, se introduce una modificación que podría ser impugnada en la justicia, especialmente si se presentan casos donde se demuestre que las armas reutilizadas fueron utilizadas en operativos con consecuencias negativas. En definitiva, los criminales pueden ser víctimas del sistema.

Otro punto de conflicto, el más importante a mi entender, es que el decreto otorga al Ministerio de Seguridad la potestad de decidir sobre el destino del armamento, quitando parte de la autonomía del Poder Judicial en la disposición final de los bienes incautados. Le da al Estado más poder sobre los individuos, contradiciendo la ideología libertaria de La Libertad Avanza de achicar la injerencia del Estado. ¿Qué sucedería si se realiza un allanamiento equivocado? ¿Cuándo se considera que las armas peuden ser usadas por las fuerzas de Estado? Esto podría abrir la puerta a cuestionamientos legales sobre la separación de poderes y el rol de la justicia en la administración del material decomisado y ni hablar de la propiedad privada. ¿Gendarmería podría allanar una armería con rezagos militares "por equivocación" y que el equipo no aparezca mas adelante? ¿Si armas fueron robadas, se las devuelven a sus dueños legítimos o se profundizará la amnesia como sucede en muchos casos en la actualidad?

Impacto en la Seguridad Pública y la Relación con la Ciudadanía

La medida también puede tener un impacto en la percepción pública de la seguridad y el accionar de las fuerzas policiales. El uso de armas decomisadas puede interpretarse como una señal de precarización en el equipamiento de las fuerzas de seguridad. En lugar de invertir en armamento nuevo y tecnológicamente avanzado, el Estado estaría recurriendo a material de origen dudoso, lo que podría afectar la confianza de los propios efectivos en su equipamiento amén de dar un mensaje de que las Fuerzas de Seguridad están en inferioridad de condiciones frente al poder de fuego de los delincuentes y criminales.
Además, existe un riesgo simbólico: el uso de armas que anteriormente estuvieron en manos de delincuentes puede enviar un mensaje ambiguo a la población. En algunos casos, podría reforzar la idea de que el Estado está "apropiándose de las herramientas del enemigo", pero en otros podría alimentar narrativas de violencia institucional, especialmente en comunidades donde la relación con la policía ya es conflictiva.

Condiciones Técnicas y de Mantenimiento del Armamento

No todas las armas decomisadas están en condiciones óptimas para ser utilizadas por las fuerzas de seguridad. Muchas de ellas han sido modificadas, reacondicionadas o tienen un historial de uso que puede comprometer su fiabilidad. A nivel operativo, esto implica un riesgo tanto para los efectivos como para la población, ya que un arma defectuosa puede fallar en momentos críticos o generar accidentes. En otros países, como Estados Unidos, los departamentos de policía rara vez reutilizan armas decomisadas precisamente por estos riesgos. En cambio, se opta por programas de recompra de armas por parte de loa ciudadanos (acá se podría hacer con los Legitimos Usuarios) o su destrucción, asegurando que el armamento ilegal no vuelva a circular, ni siquiera dentro de las propias fuerzas de seguridad.


Frente a los planteamientos anteriores se pueden esgrimir algunas soluciones:

Implementar un Sistema Rígido de Control y Trazabilidad
Si el gobierno insiste en la fantasmada de la reutilización de armas decomisadas, debe garantizar que se implemente un sistema de trazabilidad inquebrantable. Esto implica registros detallados y PUBLICOS en donde se sepa en dependencias que recibieron el material, auditorías periódicas ONLINE Y PUBLICAS y la supervisión de organismos externos.

Priorización de Inversión en Armamento Nuevo
En lugar de depender de armas decomisadas, el Estado debería reforzar la inversión en equipamiento nuevo y de calidad. Esto no solo mejora la operatividad de las fuerzas de seguridad, sino que también evita riesgos técnicos y simbólicos. Existen acuerdos internacionales que permiten la compra de armamento con financiamiento externo, lo que podría ser una alternativa para evitar el argumento de la restricción presupuestaria.
Mantener la Destrucción de Armas de Origen Criminal de dudoso funcionamiento y permitir la compra por parte de Legítimos Usuarios del material adecuado.
Un modelo mixto podría ser una solución equilibrada: permitir la reutilización solo de armas nuevas o en condiciones óptimas por parte de ciudadanos (ya existe el registro), pero mantener la destrucción obligatoria de aquellas que no sean aptas para uso. De esta forma, se evitaría la carga simbólica negativa y se reduciría el riesgo de que armas comprometidas vuelvan a circular.

Participación de Organismos Independientes en la Evaluación del Material Decomisado
Para evitar el desvío ilegal de armas, la evaluación de su estado y aptitud debería estar a cargo de una comisión independiente que no responda únicamente al Ministerio de Seguridad. Esta comisión podría incluir expertos en balística, representantes del Poder Judicial y organismos de control UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA JUDICIAL para evitar abusos estatales.

Si bien el decreto tiene la intención de optimizar recursos y fortalecer a las fuerzas de seguridad, su implementación en la Argentina actual y con la ideología estatista y colectivista del PRO marcando los protocolos de actuación, podría generar más problemas que soluciones. La reutilización de armas decomisadas al crimen organizado es una medida que ha fracasado en otros países cuando no se acompaña de un sistema de control estricto. Un gran golpe de efecto tribunero pero con altisimos riesgos en la práctica y que revela la indefensión y falta de inversión en materia de seguridad en las ultimas tres décadas.

La mejor estrategia para garantizar una seguridad pública eficiente y responsable no es depender de armas de origen dudoso, sino invertir en equipamiento adecuado, mantener la destrucción del armamento comprometido y reforzar la transparencia en la gestión de materiales controlados permitiendo la participación ciudadana (legitimos usuarios, armeros, etc). El gobierno debe considerar estos factores para evitar que una medida con buenas intenciones termine generando nuevos problemas de seguridad y desconfianza en las instituciones. Ante todo, necesitamos una seguridad y un ANMAC de un color que no sea amarillo.

Decreto: https://www.boletinoficial.gob.ar/detal ... 0/20250217
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/f ... d17022025/

Saludos

Mario

[Black Powder .44]

Una vez lleve a destruccion una escopeta yuxta del 16 que estaba hecha bolsa, delante mio le doblaron ek caño a un FAL que estaba nuevo impecable, siempre me pregunte porque no se aprovechaban armas como esa para equipar a la policia o gendarmeria. La idea no me parece mala, creo que la duda esta en la implementacion y en los posibles desvios.  Alguna vez hablando con el responsable del programa de destruccion de armas en zona La Plata le pregunte porque no tenian un curador de un museo de armas en el programa, para evaluar que armas podrian tener un valor historico antes de destruirlas.