Decilo FUERTE: 2025: Necesitamos una ANMaC de otro color. Por Gustavo S. Rubio

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Decilo FUERTE: 2025: Necesitamos una ANMaC de otro color.

Por Gustavo S. Rubio

En las últimas dos décadas, las políticas públicas en torno a la tenencia legal de armas en Argentina han sido objeto de tensiones crecientes entre sectores opresores que promueven el desarme civil y quienes abogan por la defensa del derecho a poseer armas con fines lícitos. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ha sido el eje de muchas de estas controversias, particularmente con iniciativas como la pasada y vergonzosa Resolución 149/2024 de Juan Pablo Allan, que estableció condiciones restrictivas y costosas para el almacenamiento de armas, afectando tanto a los legítimos usuarios como a los comerciantes, así como la legitima defensa en el domicilio entre otras cosas. Este tipo de normativas pergeñadas por políticos ignorantes "y/o" colectivistas opresores, por más que se corrijan a posteriori, lejos de abordar los problemas reales de seguridad, generan un impacto negativo en los ciudadanos que respetan las leyes y funcionarios que luchan por más libertad y menos estado, mientras que los delincuentes continúan operando fuera de los marcos legales sin mayores obstáculos porque los delincuentes carecen de sentido común y autocontrol.
En este contexto, las elecciones legislativas de este año se presentan como un momento crítico para el futuro de las políticas públicas en torno a la tenencia de armas. El avance titánico del Gobierno en materia de desregulaciones se topa de frente con la pata política que busca ahondar en alianzas políticas con el PRO, históricamente vinculado a posturas restrictivas en materia de armas, representando un peligro latente para quienes defienden el derecho de los ciudadanos a la autodefensa y el acceso legal a materiales controlados. Durante la gestión del PRO, figuras como Natalia Gambaro, Eugenio Burzaco, Garavano entre otros políticos y legisladores amarillo tibieza funcionales al populismo totalitario, promovieron normativas que desincentivaban la tenencia responsable y generaban una criminalización indirecta de los legítimos usuarios. Sus discursos maquillados de acuerdo a la dirección del viento, plagados de moralina de tupperware basados en series de Netflix, continuaron con las políticas chavistas impulsadas por los nefastos y tiránicos K y aplaudidas debajo de la mesa por los acomodaticios radicales. En resumidas cuentas: hicieron mucho más de lo mismo.
En este 2025 es fundamental evitar un regreso a esas políticas de la casta, ya que podrían revertir los tímidos y escasos avances logrados con la flexibilización de normativas superficiales como la baja de la edad mínima de 21 a 18 años entre otros pedidos realizados al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Un primer punto clave para revisar es la necesidad de modernizar y transparentar la ANMaC, garantizando que su enfoque respete los derechos de los ciudadanos que cumplen con las normas vigentes y se aboque exclusivamente a eso. Desde su creación, la agencia ha priorizado políticas alineadas con el desarme civil, basadas en objetivos como la reducción de armas en circulación. Sin embargo, estas medidas han generado efectos contraproducentes. Por ejemplo, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que lleva más de 15 años en vigencia, ha demostrado poca efectividad en la reducción de delitos, ya que, según datos de la misma Red Argentina para el Desarme que prepara informes dibujados, más del 70% de los homicidios dolosos son cometidos con armas ilegales. Datos que se quedan cortos, pero datos aliadEs al fin y al cabo. Es tan grande la mentira que ni eso pueden ocultar y esta situación no es exclusiva de Argentina. En Brasil, una política similar, conocida como el Estatuto del Desarme, aprobada en 2003, no logró disminuir los índices de violencia armada, a pesar de que las armas legales en circulación se redujeron significativamente. Es decir, el estatismo no sólo no sirve a los ciudadanos y encima los perjudica.
En esta especie de paraíso colectivista que tuvo sumido al país desde mediados de los ochenta, el reciente cambio en la normativa que redujo la edad mínima para la tenencia de armas de 21 a 18 años marcó un giro importante. Si, esa pavada que sólo fue aunar códigos legales, resultó un escándalo. Desde que fue enarbolada como bandera para ayudar a los Legitimos Usuarios por gente que no ha hecho nada relevante en esta materia, ha sido objeto de críticas infundadas por parte de sectores desarmistas: diferentes referentes de partidos políticos anquilosados, personajes nefastos "que viven de la tuya contribuyente" y las turbias ONGs, que los vinculan, sostienen que "el acceso temprano a las armas incrementa los riesgos de violencia", ignorando que países como Suiza, donde el servicio militar obligatorio incluye formación en el uso responsable de armas desde los 18 años, cuentan con una de las tasas más bajas de criminalidad en Europa. Estas experiencias subrayan la importancia de formar a los jóvenes en el manejo responsable en lugar de prohibir indiscriminadamente su acceso, como si un cartelito tribunero en el edificio público impidiera que las armas que cruzan los ríos limítrofes o son robadas de los arsenales del Estado lleguen a manos de delincuentes.
Asimismo, el mero pedido de reforma de más de 35 disposiciones, resoluciones y decretos en 2024 reflejan una necesidad evidente de desregular las trabas burocráticas impuestas a los legítimos usuarios. Por ejemplo, la normativa sobre requisitos de almacenamiento en armerías genera costos excesivos que afectan la sostenibilidad de pequeños comerciantes y dificultan el acceso de ciudadanos al mercado legal, promoviendo indirectamente la informalidad cuando el mismo Estado no tiene esas medidas en sus arsenales o depósitos de armas. En Paraguay, por ejemplo, las regulaciones están diseñadas para ser medianamente estrictas pero razonables, permitiendo que los comerciantes y tenedores operen sin caer en una carga financiera excesiva.
El peligro latente de este 2025 radica en que un posible regreso del PRO al poder de la mano de alianzas con el oficialismo podría fortalecer el enfoque desarmista dentro de un gobierno libertario escudado en la corriente argumentativa de la "Seguridad". Insisto: durante su gestión, en el PRO se promovieron políticas restrictivas que, lejos de garantizar la seguridad pública, criminalizaron a quienes cumplieron con la ley. Muchos de los impulsores, "los halcones del Pro", fueron los principales defensores de estas políticas, ignorando el impacto sobre los derechos individuales y las cifras que demostraban que el grueso de los delitos violentos no involucra a armas legales. La corriente más "de derecha" del partido amarillo tibieza cree en el "Estado presente" al igual que las otras fuerzas de la casta política de la historia argenta. La experiencia de Venezuela puede servir como advertencia: políticas de desarme civil agresivo durante la presidencia de Hugo Chávez fueron avaladas por Corina Machado, referente del antichavismo, que derivaron en la dictadura de Nicolás Maduro. Las políticas aconsejadas por la Red Argentina para el Desarme entre 2006 y 2021 en el país caribeño – que tienen llegada en los partidos tradicionales argentinos - no solo desarmaron a la población, sino que dejaron a los ciudadanos vulnerables frente a la creciente inseguridad y abusos por parte de grupos armados ilegales.
En este contexto, resulta imprescindible que las políticas de seguridad y el futuro de la ANMaC sean escritos y dirigidos por personas con principios libertarios y los legítimos usuarios de armas; que comprenda las necesidades de quienes cumplen la ley y respete los objetivos y pilares defendidos por La Libertad Avanza. Solo un liderazgo con esta perspectiva podrá garantizar que las ideas de desregulación, modernización y fortalecimiento del derecho a la defensa personal sean llevadas adelante con firmeza y eficacia para garantizar una sociedad verdaderamente segura y libre. Con el estatismo implícito del PRO manejando los hilos en esta área, no es posible estar a la altura de las libertades que la gente demanda y el presidente exige.

Saludos

Mario

[Lake]

Exacto!!