Un nuevo editorial de Gustavo Rubio: El rojo enanismo ideológico: Kicillof y la

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Un nuevo editorial de Gustavo Rubio
El rojo enanismo ideológico: Kicillof y la inseguridad

El 5 de marzo de 2025, Axel Kicillof inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso que, en materia de seguridad, también dejó mucho que desear como nos tiene mal acostumbrado. Su propuesta, netamente estatista y de corte comunista con un Estado omnipresente y paternalista, se centró en el inútil Plan Provincial de Desarme, una millonaria "inversión" de 170,000 millones de pesos y una poco clara serie de reformas legales. Si bien suena rimbombante y ambiciosa en la superficie, en realidad carece de profundidad y efectividad para enfrentar la creciente ola de inseguridad que azota la Provincia de Buenos Aires. Más que una solución estructural, parece una respuesta improvisada y populista, alineada con la presión mediática y política, pero desconectada de las raíces del problema. En definitiva, un resumen de las políticas kirchneristas llevadas a cabo en los últimos años.

Kicillof anunció la compra de 800 patrulleros y la creación de 15 nuevas bases policiales, además de un fondo municipal de 70,000 millones de pesos como si la mera invocación de cifras mágicamente se tradujera en una reducción de la inseguridad creada precisamente por políticas sociales declamatorias. Estas medidas, aunque cuantiosas, no abordan las causas subyacentes de la criminalidad. La ausencia de estrategias claras contra el narcotráfico, pilar indiscutible de la violencia en el conurbano y el interior, es alarmante. No hubo mención de inteligencia criminal ni de operativos específicos para desmantelar redes de tráfico, pese a que él mismo mintió que la droga "no se produce en la provincia" (basta con ver las victimas del paco para saber que hay cocinas de cocaína) Esta omisión sugiere una falta de visión integral, limitándose a reforzar la presencia policial sin atacar el origen del delito. Más o menos efectivos como colocar carteles diciendo "prohibido robar" por ejemplo.

Otro punto débil, el principal a mi criterio, es el énfasis nuevamente en el desarme civil, presentado como una panacea para reducir la violencia. Kicillof propuso aumentar penas por tenencia ilegal de armas y agilizar allanamientos, pero ignora que la mayoría de los delitos graves son cometidos por criminales que operan al margen de la ley, no por ciudadanos comunes. Es decir, en su enanismo ideológico el Gobernador piensa que los criminales van a entregar sus herramientas de trabajo. Cuando los números no le den para justificar su Plan de Entrega de Armas, los allanamientos y presiones a la gente de la ley van a empezar. Sucedió en Santa Fe y en CABA: el tribuneo y efecto mediático de cazar en el zoo para que Doña Rosa se sienta segura. Este enfoque, lejos de debilitar a las organizaciones delictivas, podría desarmar a quienes legítimamente buscan defenderse en un contexto donde el Estado no garantiza protección alguna. Además, programas similares en el pasado, como el de Scioli en 2011, han demostrado ser ineficaces frente a la persistencia del crimen armado.

La inversión millonaria y el discurso de "Estado presente" contrastan con la realidad: según solamente lo publicado en algunos medios, en 2024, los robos habrían crecido un 18% (128,477 casos) y los homicidios, aunque técnicamente habrían bajado siguen siendo una cifra alarmante en zonas como La Matanza (tasa 7.82 cada 100,000) y General Rodríguez. Kicillof se jactó de estadísticas positivas, pero no explicó cómo los patrulleros (si es que los entregan porque los vienen paseando por los municipios) y bases revertirán la percepción de inseguridad ni el aumento de menores en delitos (+48.7% en Moreno). Su plan carece de medidas preventivas, como programas sociales para contener a jóvenes vulnerables o rehabilitación para adictos, dejando un vacío que el despliegue policial no llenará jamás.

Finalmente, el cruce con Milei, a quien acusó de "caranchear" el dolor ajeno, desvía el foco de su propia responsabilidad. Kicillof promete "proteger a los bonaerenses", pero su discurso suena más a una maniobra política que a un plan sólido. Sin atacar el narcotráfico, sin inteligencia estratégica y con un desarme que no distingue entre delincuentes y ciudadanos, su propuesta, como toda medida de corte estatista, es un parche costoso que no resuelve la inseguridad estructural de la provincia. Los bonaerenses merecen más que promesas rimbombantes y números inflados: necesitan resultados tangibles que este discurso no asegura.

Las proyecciones para 2025, basadas en tendencias recientes, muestran un panorama agravado por el desarme civil, que despoja a los ciudadanos de su derecho a la autodefensa y la portación legal de armas frente a un Estado incapaz. Seguramente los próximos datos oficiales de Kicillof muestren que los homicidios, los robos y otros delitos hayan disminuido (todos sabemos las agachadas que tienen las estadísticas) pero estas bajas aparentes serán insuficientes mientras los criminales sigan armados y los bonaerenses queden vulnerables por el Plan de Desarme o las zonas liberadas para evitar confrontaciones sociales en barrios problemáticos. Eso derivará en más femicidios y hurtos dejando en evidencia que desarmar a los legales no frena la violencia, sino que la potencia al quitarles herramientas de protección. Desde 2019, si bien los homicidios puros bajaron, los robos violentos (con heridos graves y hasta victimas muertas) subieron un 32.5%. De los delitos, los delitos con armas de fuego son un entre un 30-40% más alto, mostrando que restringir la tenencia legal agrava la indefensión sin afectar a los delincuentes.

El narcotráfico, eje ignorado por Kicillof, sigue siendo el motor de la violencia. La falta de referencia a operativos contra búnkeres o redes de distribución, pese a su promesa de allanamientos rápidos, es insostenible. En 2023, el uso de armas en delitos creció un 25.9%, ligado al narco, y los casos diarios reflejan su impacto. Sin inteligencia ni coordinación con fuerzas federales, el Plan de Desarme y los patrulleros son medidas cosméticas, humo para la tribuna, frente a un problema estructural que Kicillof evade, dejando a la provincia vulnerable ante un flagelo que no se soluciona con más uniformes, sino con estrategia y voluntad política. Prohibir las armas legales solo fortalece a los narcos, mientras los ciudadanos pierden su legítimo derecho a defenderse.

Hasta que no se entienda que el ciudadano tiene derecho a defenderse y que el Estado está para asistirlo, el enanismo ideológico imperante en los políticos argentinos hará que el baño de sangre inocente que vivimos desde hace un cuarto de siglo siga siendo una cuestión de todos los días. Eso si, los funcionarios provinciales están seguros con su custodias, como buenos jerarcas rojos.

Saludos

Mario